Hoy, en el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, queremos respuestas y exigimos verdad total e integra sobre los máximos responsables de la violencia estatal. Exigimos que cese el genocidio político en nuestro país y llamamos a que la justicia actúe de manera objetiva porque NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY.
Con la persistencia de la pandemia de la COVID-19 que arraiga la desigualdad y dificulta la subsistencia en términos de dignidad para las comunidades, se incrementa de manera paralela la violencia e inseguridad latente en el departamento del Atlántico.
Son más de 6.000 casos, las víctimas tenían razón. No es una sorpresa la elevada cifra sobre ejecuciones extrajudiciales que revela la JEP en sus investigaciones preliminares. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU- había documentado con anterioridad una cifra cercana de 5.763 casos entre 2000-2010 en informes presentados desde 2005, información que incluso se puso en conocimiento del Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría.
Expresamos nuestra preocupación frente a la existencia de un pacto de silencio entre agentes estatales orquestado con FONDETEC, con el propósito de continuar ocultando los hechos y circunstancias que rodearon las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.