9 Julio 2019 - 9:50am

Imponen 10 días de arresto a funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras

Noticias / Comunidades

El Juzgado 10 Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante auto proferido el 6 de junio de 2019 dentro del seguimiento que le corresponde a la Sentencia SU-235 de 2016 de la Corte Constitucional, abrió incidente de desacato a la Agencia Nacional de Tierras, por reiterado incumplimiento de su responsabilidad en la recuperación y adjudicación de la Hacienda Bellacruz a los campesinos reclamantes de ese terreno. Puesto que, de manera reiterada, ha incumplido con las órdenes de la sentencia relacionada con la recuperación de los baldíos indebidamente ocupados por la empresa palmera "Hacienda La Gloria", de propiedad del empresario Germán Efromovich, que se encuentran dentro de lo que fue conocido como la Hacienda Bellacruz, jurisdicción del municipio La Gloria en el Cesar.

En este sentido, el Juzgado impulsado por solicitudes elevadas por los campesinos y organizaciones acompañantes, decidió abrir incidente de desacato contra la doctora Myriam Carolina Martínez Cárdenas, en su calidad de directora de la Agencia Nacional de Tierras, y/o quien haga sus veces, con el fin de investigar la posible desatención de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-235 de 2016 y lo ordenado por ese despacho en autos del 10 de agosto de 2018 y 30 de abril de 2019. Ya que, ha sido evidente, la falta de diligencia de la Agencia Nacional de Tierras, cuando la orden fue impartida hace más de 10 meses, y gestiones al respecto se comenzaron a realizar a partir del mes de mayo de 2019, sin que en realidad se presente un avance importante en las solicitudes de la Corte Constitucional.

Por tanto, los Doctores Miguel Ocampo Gómez, Director de acceso a tierras de la ANT, el Doctor Leonardo Antonio Castañeda Célis, Subdirector de acceso a tierras por demanda y descongestión, y el Doctor Campo Elías Vega Rocha, Subdirector de administración de tierras de la Nación de la Agencia Nacional de Tierras, y/o quienes hagan sus veces, no han cumplido a la sentencia de tutela, a pesar de ser una orden emitida por una autoridad judicial, y de obligatorio cumplimiento. Se debe decir, que la Agencia Nacional de Tierras, tenía pleno conocimiento de  la decisión de tutela ordenada por el más alto ente judicial, y de todas las actuaciones efectuadas al interior del trámite, su falta de voluntad y reiterada desatención con el cumplimiento de la orden generó el mencionado desacato.

Por lo anterior, y ante el evidente incumplimiento del fallo de tutela, y siguiendo con el mandato del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, se impuso una sanción, a quienes ostentan altos cargos al interior de la entidad, con  10 días de arresto y una multa por valor de 20 salarios mínimos legales mensuales vigente, para cada uno de ellos.