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Chuzadas del DAS, ¿complot para beneficio de quién? PDF Imprimir E-mail
Escrito por FCSPP   
Viernes, 14 de Agosto de 2009 21:28

“Soy inocente, las órdenes vinieron de mis superiores”, fue lo que argumentó Martha Inés Leal Llanos, subdirectora de operaciones de inteligencia del DAS, diciendo que toda las operaciones que realizó en su cargo fue por cumplimiento de su trabajo orientado por ordenes legitimas emanadas de sus superiores.

Inés es una de las 10 personas que tienen orden de captura por el escándalo de las chuzadas a distintas personalidades del país entre los que se encuentran miembros de la oposición como Carlos Gaviria, Gustavo Petro, Wilson Borja, Jorge Enrique Robledo entre otros integrantes del Polo además de Magistrados, defensores de derechos humanos y periodistas.

Las conversaciones privadas fueron grabadas por equipos de interceptación móvil del DAS manejados por técnicos de dicha institución, quienes tenían  turnos de hasta ocho horas, en los alrededores de las sedes de partidos políticos, sedes de ONG, casa de los defensores, frente al Capitolio Nacional y las vecindades de los más importantes medios de comunicación. Todo lo anterior para lograr una señal perfecta de los celulares de las personas interceptadas.
 
Estas personas lograban pasar desapercibidos en los lugares anteriormente mencionados debido a las fachadas que utilizaban para camuflar las camionetas equipadas para las chuzadas.
 
El DAS que es la máxima institución de inteligencia del Estado que fue creada para velar por la seguridad nacional, bajo la dirección del Ejecutivo, como lo dice en uno de sus objetivos : “Producir la inteligencia de Estado que requiere el Gobierno Nacional y formular políticas del sector administrativo en materia de inteligencia para garantizar la seguridad nacional interna y externa del Estado colombiano”, este objetivo aclara la función del DAS y su dependencia directa de la Presidencia de la República, por ello es difícil pensar que el gobierno no tenga conocimiento de las operaciones que se realizaron desde una de las instituciones a su cargo.

Pero aún más difícil de creer la versión del Gobierno, según la cual  desconocía de la operación de inteligencia del DAS, si tenemos en cuenta varios hechos de conocimiento público que se han dado durante este mismo tiempo, en que se desarrollaron las acciones ilegales. En primer lugar la época de inicio de las actividades del DAS, comenzaron casi en el mismo tiempo en que el actual gobierno, iniciaba su primer periodo presidencial. Así mismo es importante recordar que el Ministro de protección social, utilizó públicamente un video de seguimiento por parte de la inteligencia a una reunión de la CUT con organizaciones indígenas, para acusar a la organización sindical de estar preparando un complot contra el complot.

Otro hecho que desmiente la versión del Gobierno, son los testimonios de varios de los imputados que señalan al Alto Consejero Presidencial José Obdulio Gaviria, como una de las personas que dio las órdenes de interceptaciones, seguimiento, amenazas y hostigamiento a los miembros de la oposición, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Igualmente es claro que el mismo Presidente de la República en varias ocasiones, públicamente se ha vanagloriado de tener información sobre las actividades de los defensores de derechos humanos y de la oposición política, diciendo que sabía cuando viajaban, a dónde viajaban y con quienes se reunían. Por otra parte los directores del DAS vinculados en éste proceso y los funcionarios, han sido funcionarios privilegiados del Gobierno y abiertamente defendidos por el propio presidente de la República, quien los ha presentado como personas de su entera confianza y quienes han apoyado las campañas electorales, de Álvaro Uribe Vélez.

Ante estas evidencias la postura del Gobierno  de lavarse las manos, diciendo que ellos nunca ordenaron estas interceptaciones y que fue una actuación de malos funcionarios o de una especie de mafia organizada al interior de dicho organismo, cada día son de menos aceptación pública. Especialmente si se tiene en cuenta que en el transcurso de las investigaciones, se han venido destapando nuevas evidencias que conlleva, cada vez, a una clara  vinculación del gobierno y el Presidente de la República, directamente, a estas chuzadas.

La gravedad de estos hechos de espionaje ilegal y criminal, es de una inmensidad incalculable, especialmente por que muestra el nivel de debilitamiento que tiene nuestra incipiente democracia y el total desconocimiento por parte del alto gobierno del Estado de derecho reconocido en la constitución de 1991, además del riesgo a que estamos sometidos, las personas que realizamos defensa de derechos humanos o un liderazgo social o político, con ideas contrarias al gobierno.

Ante esta situación de espionaje dada en Colombia por parte del  Estado han surgido varios pronunciamientos de personas que han sido víctimas de este flagelo como es el caso del Magistrado auxiliar de la corte suprema, Iván Velásquez  quien aseguro que él viene denunciando esta situación desde el año 2007, señalando que quienes realizaban este espionaje eran los cuerpos de seguridad del país, (cabe resaltar que Iván Velásquez  es uno de los magistrados que lleva más de 60 casos de la para política).

Queda en el ambiente que estas chuzadas no surgieron de mandos medios y que los que saldrían más beneficiados de esto sería el gobierno nacional quien mantendría vigilados a todos sus contradictores políticos.
Última actualización el Viernes, 14 de Agosto de 2009 21:48
 
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