Nueva York – Un caso clave presentado ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría marcar un momento decisivo en los esfuerzos para terminar con la judicialización de los defensores de los derechos humanos colombianos, según Human Rights First, una organización internacional de derechos humanos.

 

 “Esta petición presenta una oportunidad histórica para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revoque años de detención arbitrara y persecución injusta contra González,” dijo Andrew Hudson de Human Rights First. "La Comisión debería mostrar con convicción que no tolerará que el sistema judicial colombiano sea utilizado para intimidar y silenciar a los defensores de derechos humanos. También la Comisión debería adoptar urgentes medidas para asegurar que los derechos fundamentales de González no sean pisoteados mas mientras su caso este pendiente.”


La petición ante la CIDH destaca la necesidad para que la Corte Suprema de Colombia admita la casación de González y revoque la errónea condena de terrorismo en su contra. El caso fue presentado en nombre de González por Human Rights First y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la  Universidad de Derecho de George Washington.

 

Ambos grupos señalan que el valor de precedente de este caso es enorme. Una fuerte decisión de la Comisión ayudaría a docenas de activistas colombianos que también son victimas de procesos penales sin fundamento. “El caso de González es solo la punta del iceberg. A lo largo de Colombia, defensores de derechos humanos son el objeto de acusaciones falsa destinadas para perseguirlos,” dijo Hudson.

 

Empezando en 2006, González fue detenido en Bucaramanga por más de un año y quedó encarcelado mientras esperaba un juicio por rebelión y liderazgo de una milicia urbana conectada a las FARC. Después de un juicio, el juez de primera instancia encontró que el proceso penal fue infundado y nunca debió haber sido iniciado. Por alguna razón, la absolución fue apelada por la Procuraduría y en marzo 2009, después de dos años de libertad, el Tribunal Superior de Bucaramanga emitió una sentencia condenatoria y condenó a González a siete años más en la cárcel por los mismos falsos denuncios. La fiscalía usó dos testigos: uno que no pudo identificar a González físicamente ni nombrarlo antes de su detención, y otra que confesó haber dado evidencia bajo coacción.


En junio de 2009, González apeló su caso ante la Corte Suprema de Colombia argumentado que su condena fue nula por dos razones. Primero, violó su derecho de defensa porque la fiscalía no le comunicó sobre la iniciación de la indagación preliminar. Segundo, por error de hecho por falso raciocinio por haber aceptado testimonios contradictorios e incoherentes por ex-combatientes que estaban recibiendo beneficios de reintegración del estado. Una decisión de la Corte Suprema acerca si aceptara el recurso de casación se espera en cualquier momento.


En octubre 2009, Human Rights First le otorgó a González su prestigioso premio anual de derechos humanos reconociéndolo por su extraordinaria promoción de los derechos humanos.

Varias entidades internacionales—incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos—han expresado su preocupación por el proceso contra González

Según HRF, el caso de González es emblemático de muchos otros. En febrero 2009, el grupo publicó, Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento: Presos y señalados en Colombia, un informe exhaustivo que documentó el frecuente uso de procesos penales sin fundamento para silenciar los defensores de derechos humanos.