Asesinan a Fernando Acuña Ruiz, defensor de derechos humanos en el Caribe colombiano
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- Post 26 Enero 2009
- Última actualización: 30 Enero 2013
- Última actualización: 30 Enero 2013
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Nuevamente el accionar salvaje y brutal de las fuerzas criminales hicieron sentir su irracionalismo y cobraron la vida de un dirigente popular en el municipio de Turbaco – Bolívar.
En esta oportunidad la victima fue Fernando Acuña Ruiz, un incansable luchador por el mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad y quien fue gestor, conjuntamente con la Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar, de múltiples soluciones a los problemas que afectan a la población asentada en el barrio Villa Santa Catalina, que además vale la pena resaltar fue levantado gracias a la organización de la comunidad desplazada.
La situación se torna más grave teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo había advertido a través del sistema de alerta temprana del grave riesgo que corría la comunidad organizada en la liga de mujeres desplazadas y los lideres populares.
Lamentablemente ni las permanentes denuncias realizadas por la Liga de Mujeres Desplazadas ni las advertencias de la Defensoría han hecho eco en las autoridades encargadas de proteger la vida y la integridad humana, tal es el caso de un vocero de la Gobernación de Bolívar quien de manera irresponsable le ha restado merito a las pruebas que confirman la presencia paramilitar en el barrio Villa Santa Catalina de Turbaco y ha expresado que las denuncias carecen de sustento en razón de las difíciles condiciones sicológicas por la que atraviesan las comunidades desplazadas.
Estos acontecimientos no hacen sino poner en evidencia la falsedad de la desmovilización paramilitar, fuerza militar que impunemente sigue imponiendo su voluntad y acallando a sangre y fuego las expresiones sociales y populares que luchan por un mejor nivel de vida, y esto con la actitud negligente de las autoridades.
Frente a este nuevo acto criminal, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos seccional Atlántico exige a las autoridades investigar y judicializar a los autores de este execrable crimen y además imponer las sanciones pertinentes a los funcionarios públicos por no tener en cuenta las advertencias de la Defensoría del Pueblo.